El Economista

Dentro del papel que tienen las universidades e instituciones de educación superior, está no sólo la educación, sino el aplicar los conocimientos adquiridos a la investigación.

Dentro del papel que tienen las universidades e instituciones de educación superior, está no sólo la educación, sino el aplicar los conocimientos adquiridos a la investigación; actividad creativa intelectual que da como resultado, además de la confirmación de la hipótesis, la creación de procesos tecnológicos novedosos, el desarrollo de proyectos arquitectónicos vanguardistas, el diseño programas de cómputo, el desarrollo de inventos, etcétera, que deben de ser protegidos bajo el sistema de propiedad intelectual.

El reconocimiento de la importancia del proceso creativo generado a través de las instituciones de enseñanza, ha dado como resultado que en los países desarrollados se establezcan políticas públicas y privadas de fomento y protección de la creatividad intelectual ahí generada (vía el sistema de propiedad intelectual) y se instituyan oficinas de transferencia de tecnología (OTT) en las mismas universidades, con el fin de licenciar su tecnología al sector privado y generar recursos para la Institución que les permita continuar el proceso creativo, incentivar a sus investigadores y en general evitar la fuga de cerebros a otros países.

En Estados Unidos, por ejemplo, se promulgó desde los años 80 la Bayh-Dole Act (vigente a la fecha), por la cual se regulan medidas tendientes a incentivar la generación de patentes en las actividades de investigación y desarrollo (I+D) de las universidades. La ley en comento ha dado como resultado que las principales instituciones de educación estadounidenses utilicen los recursos públicos que les corresponden, para promover la investigación y generar inventos patentables, que posteriormente podrán ser licenciados o vendidos, preferentemente a pequeñas y medianas empresas, situación que genera un doble beneficio; por un lado se tiene una importante fuente de financiamiento para las instituciones académicas y por el otro, tecnología al alcance de las empresas que no tienen los recursos para crear sus propios centros de investigación.

En el caso de México, sólo recientemente universidades e instituciones de educación superior están descubriendo la importancia de fomentar y proteger su propiedad intelectual. Aún no es común ver dentro de estas instituciones, políticas de propiedad intelectual que regulen la titularidad de la tecnología generada como producto de la investigación conjunta de catedráticos y alumnos. Es urgente que las instituciones educativas adquieran experiencia práctica en el uso de la información tecnológica, jurídica y comercial incluida en los documentos de patente y también experiencia práctica en cómo registrar, comercializar, licenciar y proteger tanto las invenciones, como los resultados de la investigación.

A falta de una cultura de cooperación en el tema, entre las instituciones académicas y los distintos sectores interesados (por ejemplo, la empresa privada y los organismos gubernamentales), es necesario buscar un mecanismo desde el gobierno que la fomente y promueva, puesto que es cada vez mayor la necesidad de contar con un enfoque interdisciplinario de la educación y de la capacidad de investigación, así como para la preparación de políticas de propiedad intelectual y su aplicación práctica.

Las autoridades de nuestro país en conjunto con las instituciones de educación superior, tanto del ámbito público, como privado, deben de hacer conciencia y frente común para proteger no sólo la actividad creativa producida por los investigadores realizada en sus aulas, sino para incentivarla y para reconocer verdaderamente la participación de todos los actores, lo que conlleva a que las investigaciones sean permanente y evolutivas, y no temporales y estáticas.

Si en otros países se ha comprobado que la investigación realizada por las universidades puede ser un generador de recursos y no un gasto innecesario, es primordial que en México, las instituciones privadas y públicas destinen parte de su presupuesto a esta actividad de forma permanente, alentando con estímulos económicos a profesores y alumnos, no sólo en el proceso de investigación, sino también apoyando la posterior comercialización de los resultados.

*Abogado especializado en propiedad intelectual, competencia desleal y telecomunicaciones
aancona@anconaasociados.com