María Amparo Casar

La participación ciudadana en los asuntos públicos debe ser favorecida al menos por dos motivos. Primero porque existe una alta correlación entre ella y la calidad de la democracia. Ahí donde encontramos una sociedad capaz de hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones de sus gobiernos tenemos mejores democracias.

Segundo porque está claro que dejados a su arbitrio, los políticos escogerían trabajar alejados del escrutinio público y preferirían no dar información ni sobre su desempeño ni sobre el uso de los recursos a su disposición. Elegirían no tener que explicar ni justificar sus políticas. Todas estas cosas las hacen porque la sociedad se las va exigiendo y porque estas exigencias de rendición de cuentas se les han impuesto por ley.

La participación de la sociedad se da de muy distintas maneras: a través de la investigación y la crítica de los trabajadores de los medios; de la influencia que ejercen las organizaciones no gubernamentales en las políticas públicas; de colegios de profesionistas e instituciones de educación que ofrecen servicios de asesoría a los gobiernos; de marchas y manifestaciones que muestran el hartazgo de la sociedad y demandan soluciones; de la generación de indicadores alternativos a las cifras oficiales, de institutos que evalúan el desempeño del gobierno y exhiben su incompetencia.

Pero una cosa es participar y otra asumir funciones que no corresponden a la sociedad. Una cosa es participar y otra favorecer la multiplicación de órganos ciudadanos sostenidos por el Estado u órganos de autonomía estatal que asuman las responsabilidades y tareas para las que específicamente se han diseñado las instituciones de gobierno.

Hay funciones que pueden, o incluso deben, privatizarse. Hay otras que requieren sustraerse de la esfera directa de los gobiernos para dotarlas de imparcialidad y credibilidad. Otras más deben despolitizarse para ganar en eficiencia. Pero la seguridad no es cualquier función: es la razón de ser del Estado y su primera y principal obligación. Si algún monopolio se justifica es el del uso legítimo de la fuerza.

Por eso hay que ver con cuidado la propuesta de crear un nuevo instituto en materia de seguridad pública que se asemeje a los órganos de autonomía estatal en materias como la electoral, acceso a la información o derechos humanos. Órganos creados por ley con personalidad propia, autonomía y presupuesto propio -por supuesto a cargo del gobierno- y cuyas decisiones o recomendaciones tienen efectos legales.

Crear un instituto y darle funciones no sólo de generación de información, de seguimiento y de evaluación como acertadamente propuso México Unido contra la Delincuencia con el Observatorio Ciudadano sino de diseño de políticas públicas pero sobre todo de recomendaciones vinculatorias con efectos legales como se sugiere con la creación del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito y Seguridad Pública es extremar y desvirtuar la participación de la sociedad.

Atender las sugerencias y demandas de los ciudadanos para solucionar problemas que los afectan directamente o acudir a los especialistas para que hagan propuestas de política pública habla bien de un gobierno. Pensar desde la esfera ciudadana sin consideraciones políticas y sobre todo electorales suele generar ideas innovadoras y buenas propuestas. Pero de ahí a crear institutos autónomos cada vez que los políticos no dan resultados es un camino seguro al debilitamiento institucional cuando no al caos.

Los esfuerzos de la ciudadanía por hacerse escuchar, por exigir el cumplimiento de sus obligaciones, por vigilar su desempeño, incluso por coadyuvar en las tareas del gobierno, son todas prácticas que se deben favorecer y que han mostrado su eficacia. Ejemplos de los beneficios para la toma de decisiones cuando los poderes públicos se abren a la participación ciudadana sobran. Ahí están los resultados de una Corte que ha hecho de escuchar a todos aquellos que tienen un punto de vista sobre los temas más polémicos un principio de acción. Ahí está un Senado que ha abierto sus puertas a la discusión pública, abierta y plural.

Pero sobre todo ahí están las experiencias exitosas de organizaciones civiles verdaderamente independientes que han prestado grandes servicios. Organizaciones como Transparencia Mexicana que no anda pidiendo que se le otorgue personalidad jurídica y patrimonio propios. Que se rasca con sus propias uñas. Que ha ganado gran legitimidad no a partir de un decreto de creación sino de acreditar su trabajo. Que no se alimenta de la ubre del gobierno, que se constituyó como una asociación civil y que vive de donativos o de vender sus proyectos. Una organización a la que las instituciones públicas recurren constantemente porque quieren su aval o certificación. Una organización a prueba de intereses políticos porque sus directivos ni son propuestos por el Ejecutivo ni aprobados por el Congreso. Por eso, muchas transparencias mexicanas y pocos institutos creados por ley.