Armando Salinas Torre

Armando Salinas Torre

Existe una demanda legítima de resultados inmediatos en materia de seguridad pública, alimentada por los lamentables acontecimientos que día a día sorprenden, indignan y exacerban las condiciones en que se encuentra la población.

Desde el inicio del presente gobierno, el Presidente Felipe Calderón, reconociendo la prioridad de esta demanda social, asumió el compromiso, en su calidad de jefe de Estado, de liderar la lucha contra el crimen a través de todos los recursos a su alcance, incluidos el Ejército y la Armada de nuestro país, como uno de los ejes fundamentales de su estrategia de gobierno. No obstante ello, y a pesar de los enormes esfuerzos que han realizado nuestras Fuerzas Armadas, la información objetiva de los acontecimientos evidencia que los resultados no han sido suficientes.

Este reclamo social, además de demandar acciones y resultados de parte de los tres órdenes de gobierno, constituye una fuerza social que debe encauzarse hacia la construcción de mejores prácticas de convivencia social y consolidación de un gobierno democráticamente eficaz, y evitar que vaya a generar una sociedad fragmentada y un régimen con atribuciones que vulneren aún más nuestros derechos fundamentales.

En múltiples ocasiones se ha señalado que la seguridad es la principal razón de existencia del Estado y responsabilidad del gobierno. Partiendo de dicha premisa, le corresponde asumir y realizar las acciones necesarias para cumplir con esta función; tales acciones repercuten de tal manera en el cumplimiento del objetivo mismo, que es esencial hacer un análisis riguroso y exhaustivo de la estrategia que se empleará.

El reclamo social y el acuerdo por la legalidad y la seguridad pública encabezado por el presidente Felipe Calderón han generado las condiciones propicias para implementar una serie de acciones que tendrían la finalidad de recuperar la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas. No obstante ello, la demanda de resultados podría ser mayor que la serenidad requerida para realizar el análisis con respecto a la estrategia antes referida, de tal manera que también se corre el riesgo de implementar acciones que, bajo el paraguas de la demanda de resultados inmediatos, incuben problemas que, en el corto, el mediano y el largo plazos, generen mayor vulnerabilidad para nuestra seguridad.

Es evidente que el crimen, en sus diferentes expresiones, tanto la delincuencia, denominada organizada, como la que se considera de tipo común (ambas expresiones lamentablemente irónicas en nuestra realidad), han demostrado las graves deficiencias de los gobiernos de las entidades federativas y del federal. Al respecto, se propone fortalecer las capacidades de esas autoridades, para hacer frente a la delincuencia. Sin duda alguna, todos, salvo los delincuentes, estamos de acuerdo con tal propuesta.

A pesar de lo expuesto, tampoco pasa desapercibido para la generalidad de las personas que el crimen sólo pudo haber crecido en las dimensiones que ahora tiene con la complicidad o la complacencia de las autoridades. También ha quedado demostrado el cúmulo de abusos de autoridad y violaciones a los derechos de personas inocentes en el contexto de esta guerra contra la delincuencia (me refiero a la guerra declarada, incluso desde la década de los ochenta, contra el narcotráfico, y no sólo a la de los últimos dos años).

Ante las circunstancias que estamos viviendo, claro que es necesario otorgarle mayores atribuciones a las instituciones responsables de prevenir, perseguir, juzgar y sancionar los delitos, sin que ello signifique que con eso se amplíen los márgenes de discrecionalidad de las autoridades que históricamente han evidenciado su incapacidad para controlar a sus integrantes. No se puede únicamente confiar en las personas que se encuentren al frente de las dependencias (si es que así fuera el caso), sino que la historia nos ha enseñado que se deben diseñar los mecanismos para evaluar y controlar el ejercicio del poder público de manera institucional (no sólo por las autoridades, sino incluyendo a la sociedad en dicha evaluación y control).

Se requiere una verdadera visión de Estado y no sólo de gobierno (la última sólo piensa en el periodo de administración y la otra trasciende a la misma, aun a costa del primero), a efecto de generar una estrategia de combate al crimen y de rescate de la seguridad pública que tenga sus principios en la dignidad de la persona humana y el bienestar común. Se trata de una política basada en la subsidiaridad del Estado, una política que tenga como origen y destino al individuo, y no un concepto carente de asideros concretos y reales en un régimen democrático.

Durante décadas, un grupo de jóvenes (y otros no tanto) enarbolaron la construcción y la defensa de ideales que hicieran del Estado mexicano uno más humano y democrático, a partir de formar a ciudadanos responsables y comprometidos con su país. Ahora, quienes abrevaron de tales fuentes de educación tienen la oportunidad de hacer realidad, con una visión de Estado humanista y democrático, los sueños y las demandas de millones de ciudadanos que también deben asumir su compromiso de participar en la construcción de sus respectivas realidades.

También los ciudadanos debemos contribuir a hacer nuestras ciudades más seguras y democráticas, sin esperar a que únicamente el Estado, o un grupo de ciudadanos que se considera como tal, lo vaya a intentar hacer con una visión de gobierno.