El gobierno federal ha tratado de diseccionar el problema de la inseguridad pública como un pendiente aparte, sin considerar que se trata en realidad de un fenómeno social.

Desde hace ya algunos años, el gobierno federal ha tratado de diseccionar el problema de la inseguridad pública como un pendiente aparte, sin considerar que se trata en realidad de un fenómeno social, en el sentido más amplio de la palabra.

No se puede hablar de crimen organizado ni de narcotráfico si no se atienden otros problemas que le son inherentes o complementarios y que en conjunto se convierten en lo que vemos y vivimos diarios en el país: una “convivencia’’ social amenazada.

Si bien es cierto que la inseguridad sigue siendo el principal motivo de preocupación de los mexicanos, incluso por encima de la situación económica, la estrategia para combatirla ha carecido de una visión integral del problema.

No se puede hablar de combate al narcotráfico, por ejemplo, atendiendo sólo a la captura de los grandes narcos y sus sicarios, ya que éstos en general son remplazados casi en forma inmediata por un grupo dominante o por sus contrarios en cuanto se conoce la “baja’’ del capturado.

Se tiene que atender también el consumo; se deben atender también cuestiones que tienen que ver con el lavado de dinero, con la corrupción e incluso con los supuestos beneficios que esta actividad genera en algunas zonas del país perfectamente identificadas.

La persecución y captura de los narcotraficantes es prioritaria, pero no deben soslayarse los impactos sociales que las acciones -y/o omisiones- de la autoridad tienen entre la ciudadanía.

La delincuencia cambia no sólo el entorno, sino también la forma en la que se organiza la sociedad y convive.

Si estos fenómenos no son atendidos y valorados en su justa dimensión, en combate al crimen organizado se convierte en una carrera sin final cuyos efectos no son perceptibles para la ciudadanía que demanda, con razón, resultados casi inmediatos.

En el acuerdo suscrito en mes pasado en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad se trató de corregir esta visión parcial del problema al incluir, en los 75 compromisos que se firmaron, a dependencias como la Secretaría de Educación Pública, que pese a su importancia en la formación de valores no había sido convocada en ninguna acción preventiva en contra de la delincuencia.

La descomposición ha llegado a tales niveles, que el lunes pasado el país fue testigo del primer atentando en contra de civiles, algo que pensamos que no podía ocurrir en el país.

Pero como decía un famoso cronista deportivo, “aquí no pasa nada hasta que pasa”. Y pasó.

La inseguridad no es un problema aislado del resto de los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana en su conjunto, es uno más de una compleja cadena que se dejó crecer en los años recientes y demanda de los gobernantes no sólo imaginación, sino también capacidad para asumir las consecuencias de las decisiones que tomen.

O en todo caso, también de sus omisiones.

Menudo trabajo para el Gabinete de Seguridad.